Albert Sabater Pla

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Presión europea.





El proceso de independencia de Catalunya ha centrado todas las miradas europeas hacia un país, EspaĖa, que ha mostrado sin pudor su metodología autoritaria, la  dudosa esencia democrática y una extrema torpeza para resolver una cuestión demandada por mas de dos millones de personas que ansían la separación de un estado incapaz, gobierno tras gobierno, de abandonar unas costumbres ancestrales alejadas de los valores sociales y democráticos que toda nación moderna y progresista debería tener.

Las voces de alarma y estupor han empezado a oírse en todo el continente. Jueces, políticos, medios de comunicación, ciudadanos anónimos no dan crédito al hecho de encarcelar políticos elegidos democráticamente por un gobierno central que presume a voces de una democracia sana y equilibrada, pero que sus acciones apuntan, día a día,  a todo lo contrario.

Bajo esta circunstancia de vigilancia europea a la que estamos siendo sometidos, a nadie le ha pasado tampoco desapercibido el escándalo del master de Cifuentes, presidenta de la comunidad de Madrid, los sobres con tinta azul que van y vienen sin cesar sin consecuencias para nadie, los tratos de favor, la justicia aleatoria, el aberrante uso de la justicia…

Las decisiones y actuaciones judiciales de estos últimos días, parece que será lo que marcarán el futuro próximo del país. Con la acusación de rebelión y terrorismo a varios miembros de los CDR se ha dado un paso que ya no tiene vuelta atrás. Da la sensación que se ha pasado del derecho jurídico al derecho imperial donde la inseguridad de defensa jurídica es mas que evidente. Algunos lo han calificado como una burla al estado de derecho, pero todo apunta a un nuevo atentado contra la libertad y los derechos individuales como instrumento para infundir miedo entre aquellos que no están dispuestos a agachar la cabeza, a postrar su rodilla en el suelo ante un estado que es capaz de sobreponer la unidad territorial por encima de la verdad, el respeto, los derechos y la dignidad institucional y personal.

Tras la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, de dejar en libertad al President Carles Puigdemont y descartar el delito de rebelión, da la sensación de que EspaĖa reacciona de forma vengativa, parece haber olvidado la justicia ajustada a derecho para estirar el Código penal como si de un chicle se tratara para imputar delitos de dudoso recorrido legal.
Como resultado de esta decisión, Alemania está siendo estos últimos días diana de los envites brabucones y chulescos de periodistas, políticos y ciudadanos anónimos, con los que ha comprobado de primera mano el “hacer” de algunos espaĖoles.

Puede que a partir de ahora, tras observar de lo que el ejecutivo del Partido Popular es capaz, la Unión Europea empiece a despertar, pero que nadie espere un cambio en sus declaraciones de forma inminente. Será sin duda un proceso que se alargará en el tiempo, quizás varios aĖos. A pesar de ello, las reacciones políticas y sociales en otros países ya han empezado: el 6 de abril, la ministra de justicia Katarina Barley (SPD) avisaba de que no dieran por hecha la extradición de Puigdemont, y ayer martes, Berlín advertía que si finalmente el juez Llarena llevaba a EspaĖa al Tribunal de Justicia Europea en Luxemburgo, el choque institucional sería de alto nivel.

Europa, y mucho menos Alemania, está dispuesta a vivir bajo las coacciones chulescas de la que algunos definen como “la anomalía europea”.

Habrá que aguardar, esperemos que no mucho, para ver la luz al final del túnel de la justicia, la verdadera, la serenidad en las instituciones y por que no, la independencia de Catalunya.